Sociedad

La Justicia uruguaya aprobó una ley integral de protección a las mujeres víctimas de violencia doméstica

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En los primeros diez meses del año, se registraron 104 denuncias por violencia de género por día en Uruguay. Es decir que en ese período del año, se realizó una denuncia por violencia de doméstica cada 14 minutos. Estas cifras son las que llevaron a la Justicia a sancionar un nuevo proyecto de ley contra la violencia hacia las mujeres.

Tras un largo debate, en el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó por mayoría, una ley integral de protección a las mujeres que sufren violencia doméstica. El proyecto reconoce las diferentes manifestaciones de la violencia contra las mujeres. Entre ellas, “la violencia física, psicológica, emocional, sexual, por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, en el ámbito educativo, política, mediática, femicida y acoso sexual callejero”.

La ley contempla la creación del delito de abuso sexual para aquellas personas que “por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva realice un acto de naturaleza sexual contra una persona”. La pena contemplada para este tipo de delito, irá desde los ocho meses de prisión hasta los seis años.

La incorporación del delito de abuso sexual, supone la sustitución del delito de atentado violento al pudor, que hasta ahora, era tipificado en este tipo de casos. También se sustituye el artículo 36 del Código Penal que permite a los jueces exonerar de pena a quienes cometen delito de homicidio o lesiones por “la pasión provocada por el adulterio, siempre que la víctima sea cónyuge o su amante, y que el homicida tenga buenos antecedentes”. Es decir, que hasta el momento, se eximía de delito a quienes cometían un homicidio contra su cónyuge, ex cónyuge, concubino, ex concubino, descendiente o ascendiente.

A su vez, la ley contempla la creación de organismos para atender la violencia de género, ampliando las garantías y medidas de protección para las denunciantes. En esa línea, se creará la Red de Servicios de Atención a Mujeres en situación de Violencia Basada en Género. La misma tendrá como objetivo, la atención psicosocial, de salud y patrocinio jurídico hacia las víctimas. Otro de los aspectos claves de la ley, es el rol del Ministerio de Vivienda, quien deberá proveer de vivienda a las mujeres en momentos de crisis y de riesgo de muerte. Por otro lado, se podrá ordenar el retiro del agresor de la vivienda que comparte con la víctima, sin importar si se trata del titular del inmueble.

Tal como lo define la ley, se entiende por violencia de género a “toda conducta, acción u omisión, en el ámbito público o privado, que sustentada en una relación desigual de poder en base al género, tenga como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos o las libertades fundamentales de las mujeres”. Es decir que se distingue entre tres ámbitos, el doméstico, comunitario e institucional. Además, se establecen los derechos específicos de “las víctimas mujeres, niñas, niños y adolescentes (respeto a la dignidad, intimidad y autonomía; a la confidencialidad; a no ser sometidas/os a ninguna forma de discriminación, a recibir información clara, accesible; y a contar con protección, atención integral especializada y reparación del daño, entre otros)”.

A partir de la aprobación de la ley, “se mandata a las Instituciones del Estado a intervenir, a adoptar y ejecutar programas, acciones, protocolos, registros e investigaciones para la erradicación de la violencia basada en género”. También se establece la creación de “juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual”.

Críticas

La ley fue aprobada por 63 votos afirmativos en un total de 84 diputados presentes, tras ocho horas de debate en el cual la oposición estableció sus críticas con respecto al proyecto. Aquellos que votaron en contra, solicitaron tratar el proyecto en la comisión especializada en códigos, lo que fue desestimado por el oficialismo. En ese sentido, la oposición manifestó que no contó con el tiempo necesario para analizar los 98 artículos que conforman el proyecto. Su reclamo fue “no legislar a la ligera”. Algunos críticos denunciaron que el proyecto es discriminatorio ya que “ampara y protege a la mitad de la sociedad y desampara a la otra mitad”.

Cabe recordar que según datos del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad Uruguay, en los últimos 10 meses del año, las denuncias por violencia doméstica aumentaron un 14%, en comparación con el año anterior. Se registraron un total de 104 denuncias por día. Es decir, que cada 14 minutos, se realizó una nueva denuncia. Según las estimaciones, el 72,8% de las denuncias fueron realizadas por mujeres y el 27,2% por hombres.

(Foto: Pixabay)

 

 

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