Opinión

La Operación Dragón y la responsabilidad del Estado en la persecución a los líderes sociales en Colombia

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La Operación Dragón fue un plan organizado en el mismo corazón del Estado colombiano. Su objetivo fue el de desprestigiar, judicializar, hostigar e incluso eliminar a líderes agrupados en el sindicato Sintraemcali. Su existencia fue denunciada por primera vez el 26 de agosto de 2004, por el entonces representante a la Cámara y hoy senador Alexander López Maya.

Se necesitaron 15 años  y una serie de oscuros eventos para que la justicia llegara a un fallo, que en realidad es casi equivalente a la impunidad. Por la Operación Dragón, tres militares retirados fueron encontrados culpables del delito de concierto para delinquir agravado. Se les condenó a 4 años de cárcel, pero también se les concedió el beneficio de libertad condicional. Ningún autor intelectual ha sido llamado a rendir cuentas, pese al abundante acervo probatorio del caso.

Según varias denuncias del senador Alexander López, la señora Evamaría Uribe, actual funcionaria del gobierno de Iván Duque, tuvo una participación directa en la persecución ilegal de varios líderes sindicales, la cual incluía un plan para asesinar a López. Ella habría sido una de las determinadoras de la Operación Dragón. Sin embargo, para la justicia colombiana, nada parece comprometerla con el caso.

¿Quién es Evamaría Uribe?

Evamaría Uribe Tobón es una mujer que lleva más de 20 años ejerciendo cargos públicos y privados en Colombia y América Latina. Es economista y abogada. También fue becaria Fullbright y becaria de la OEA. Tiene una maestría en economía de la Universidad de Boston y ha ocupado varios puestos de poder.

Cuando tuvo lugar la Operación Dragón, ella se desempeñaba como superintendente nacional de servicios públicos domiciliarios. También fue funcionaria del Banco Interamericano de Desarrollo, Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y Viceministra de Energía y Gas. Actualmente se desempeña como Directora del Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Se le considera una “uribista purasangre”. De hecho, fue candidata al senado por el Centro Democrático, partido que lidera Álvaro Uribe. ¿Por qué una persona de tan altas calificaciones académicas y tan notable trayectoria profesional es señalada como partícipe de un crimen de Estado? Veamos.

Un contrato de la Superintendencia de Servicios Públicos

En el año 2004 el gobierno local de Cali estaba empeñado en privatizar los servicios públicos de la ciudad. Los integrantes de Sintraemcali se opusieron decididamente a esa posibilidad. La situación se tornó altamente compleja y fue entonces cuando la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios decidió intervenir a las Empresas Municipales de Cali. La encargada de esa entidad, y responsable de esa decisión, era Evamaría Uribe Tobón.

Luego de esto, se celebró un contrato oficial entre las Empresas Municipales de Cali y una empresa particular llamada Consultoría Integral Latinoamericana (CIL). Dicha empresa había sido constituida tan solo dos meses antes de la firma de este contrato.

CIL, a su vez, tenía como asociada a la empresa SERACIS, la cual se dedicaba al negocio de la seguridad armada privada en Medellín. El objeto del contrato era llevar a cabo una evaluación de riesgos sobre la infraestructura energética de la empresa, durante 4 meses.

Para perfeccionar el contrato, la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos, liderada por Evamaría Uribe, constituyó un encargo fiduciario con FEN (Financiera Eléctrica Nacional). A través de esta, se canalizarían recursos por más de 5 millones de dólares, para financiar las evaluaciones y las investigaciones.

La Operación Dragón

En la práctica, y gracias a ese contrato, las empresas CIL y SERASIS lo que hicieron fue infiltrar el movimiento sindical. Por sus características, tuvieron acceso a toda la información acerca de los sindicalistas y de sus esquemas de seguridad. Su objetivo entonces era en realidad obtener la información necesaria para adelantar un plan de desprestigio, hostigamiento, persecución y eliminación física de los líderes.

La “Operación Dragón” se llamó así porque su esencia era la de “escupir fuego” (disparar). Para adelantarla, se necesitó del concurso de al menos seis entidades del Estado. Entre ellas, la Superintendencia de Servicios Públicos, el DAS (organismo de inteligencia en aquel entonces), las Empresas Públicas y otras. Lo que siguió para los sindicalistas fue una persecución atroz. El congresista Alexander López logró conjurar un plan de asesinato en su contra.

Todo el entramado comenzó a develarse cuando un sujeto de nombre Daniel Cuéllar se arrepintió de formar parte de ese plan de exterminio. El hombre era un sicario que había sido contactado en una oficina de sicarios el barrio Mariano Ramos en Cali. En una declaración oficial confesó los pormenores del plan criminal.

Entre la justicia y la impunidad

Los sindicalistas de las Empresas Públicas de Cali han sido objetos de múltiples agresiones durante todos estos años. Van desde un intento para incendiar su sede, hasta asesinatos, atentados, hostigamientos mediante amenazas anónimas, etc. Las autoridades hicieron allanamientos en Cali y Medellín y fue así como los tres militares retirados, que finalmente han sido “condenados”, se vieron comprometidos en los hechos.

En la práctica, se descubrió una coalición entre funcionarios del Estado, empresas privadas, organismos de inteligencia, delincuencia común y grupos paramilitares para evitar el libre ejercicio de la actividad sindical, a través del terror. Sin embargo, 15 años después solo tres ejecutores de la Operación Dragón han sido “castigados” con una “pena” de libertad condicional.

Nadie es culpable hasta que no haya sido oído y vencido en juicio. Pero sí llama la atención que el nombre de Evamaría Uribe parece como si no existiera, o no hubiese tenido absolutamente nada que ver con estos graves hechos. Por lo pronto, ella es una alta funcionaria del gobierno de Iván Duque. Mientras las víctimas de estos hechos han anunciado que llevarán el caso a la justicia internacional, Colombia se convirtió en el país del mundo con más alto índice de asesinato a líderes sociales.

(Fotos: Twitter, The Objective, Twitter)

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