Opinión

La consulta anticorrupción en Colombia: entre la demagogia y la desesperación

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El próximo domingo, 26 de agosto, los colombianos irán a las urnas para participar en la consulta anticorrupción, una iniciativa que busca poner límites a la corrupción rampante que se vive en ese país desde hace décadas. Resulta por lo menos sorprendente que se convoque a los votantes a rechazar algo obvio. ¿Qué ciudadanos del mundo estarían de acuerdo con que primara la corrupción en su sociedad?

En Colombia, sin embargo, los avatares de la política han llevado a que se vote por lo obvio. La consulta nació después de que se hundieran en el Congreso varias reformas anticorrupción, propuestas básicamente por la entonces senadora Claudia López y la entonces representante Angélica Lozano.

Las dos decidieron acudir a la voluntad popular para consagrar lo que el parlamento había asfixiado. Tenían que recoger más de 4 millones de firmas para que se convocara la consulta popular. Lo lograron. Lo que no fue muy presentable es que hayan mezclado todo ese trabajo con una campaña presidencial. Las dos autoras de la iniciativa fueron también los pilares de la campaña del candidato Sergio Fajardo. Ese punto las deslució.

7 veces sí

La consulta anticorrupción contiene 7 preguntas. Los impulsores de la misma pretenden que 13 millones de votantes salgan a las urnas y respondan 7 veces sí a esas preguntas. Los 7 puntos que contempla la iniciativa son los siguientes:

  1. Disminuir el salario de los congresistas de 40 a 25 salarios mínimos.
  2. Impedir que los corruptos tengan casa por cárcel y que vuelvan a contratar con el Estado.
  3. Contratación más transparente.
  4. Introducir la participación ciudadana para definir el presupuesto de la nación
  5. Exigir a los congresistas que rindan cuentas sobre su asistencia, votación y gestión.
  6. Los políticos elegidos popularmente tendrán que hacer públicas sus declaraciones de bienes y conflictos de interés para poder posesionarse. Se le podrá aplicar la extinción de dominio a las propiedades e ingresos injustificados.
  7. Los congresistas, diputados, concejales y ediles solo podrán elegirse para máximo tres periodos.

La validez de los planteamientos es incuestionable. Aún así, para la mayoría de los conocedores es claro que el sentido de la consulta es político. Poco más que una manifestación masiva de rechazo a la corrupción. Desde el punto de vista jurídico y administrativo, sus alcances son bastante limitados.  De hecho, contiene elementos que podrían ser hasta contraproducentes.

Medidas que no resuelven los problemas

Gran parte de los colombianos están de acuerdo en que debe bajar el salario de los congresistas. Los parlamentarios colombianos ganan proporcionalmente mucho más de lo que ganan sus análogos europeos. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿bajar los sueldos no terminará incentivando a muchos a obtener mayores ingresos por medios ilícitos? Los expertos coinciden en decir que sí.

Respecto a la rendición de cuentas, podría terminar siendo un saludo a la bandera. ¿Quién va a verificar en detalle la exactitud de esos informes? De hecho, ya muchos realizan esas rendiciones de cuentas y la ciudadanía ni siquiera se interesa en escucharlos.

De igual modo, la transparencia en la contratación es una propuesta gaseosa, igual que la de la participación popular en la definición de los presupuestos. ¿Finalmente esto garantiza eficazmente que no haya corrupción? Todo parece indicar que no. La transparencia y la ética no se instauran por decreto.

Un país atravesado por la corrupción

Los defensores de la consulta anticorrupción están convencidos de que un triunfo contundente en las urnas sentaría un importante precedente político para el país. Resulta difícil verlo de ese modo en una nación en donde mayoritariamente han salido elegidos por voto popular muchos políticos con antecedentes oscuros y vínculos inaceptables. Los votantes saben que son corruptos y aún así los eligen. ¿Por qué? Hay muchos ciudadanos que también forman parte de esas redes ilegales de tráfico de favores y contrataciones non sanctas.

Tampoco se puede adoptar la posición cínica de asumir que no hay nada que hacer. Sin embargo, la consulta anticorrupción podría ser un arma de doble filo. Primero, porque podría generar expectativas falsas en muchos electores y, con ello, desgastar el mecanismo de las consultas populares en sí. Segundo, porque podrían perder. No es fácil lograr que 13 millones de electores vayan a las urnas. Y tercero, porque no permite apreciar claramente el verdadero meollo del problema: el funcionamiento de la justicia en Colombia.

La corrupción en Colombia se ampara fundamentalmente en la impunidad. No hay un aparato judicial eficaz y por eso los niveles de impunidad son alarmantes. Han llegado a tener un índice del 97%. ¿De qué sirve luchar contra la corrupción si ni siquiera hay un sistema judicial que pueda investigarla, descubrirla y sancionarla en derecho? Es por eso que hasta los corruptos se han unido a Claudia López y Angélica Lozano para decir 7 veces sí este próximo domingo. Es lo políticamente correcto y, al fin y al cabo, nada va a cambiar.

(Fotos: Semana, El Espectador, 360Radio)

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