Opinión

El Acuerdo de Escazú, una oportunidad histórica para el medio ambiente

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El próximo 27 de septiembre los Estados latinoamericanos tendrán la oportunidad de suscribir el Acuerdo de Escazú, un instrumento que amplía significativamente la participación de las comunidades en los temas medioambientales. El suceso tendrá lugar en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El Acuerdo de Escazú es impulsado por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y está respaldado por más de 200 organizaciones del continente. Fue firmado por representantes de la sociedad civil de 25 países, el pasado 4 de marzo en Escazú, Costa Rica. Constituye una de las iniciativas más ambiciosas en materia de derechos ambientales.

Sin embargo, ahora se requiere que sean los gobiernos de cada país los que se vinculen formalmente al Acuerdo. Se necesita que al menos 11 Estados lo suscriban para que entre en vigencia. De lo contrario, se habrá perdido el trabajo que adelantan los ambientalistas del continente desde hace 8 años.

El origen del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú comenzó a gestarse en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) de 2012. Recordemos que dicho evento arrojó como resultado el documento “El futuro que queremos”. En este se hacía énfasis en dos aspectos principalmente. Uno, el desarrollo de la economía verde en el marco del desarrollo sostenible. Y dos, la erradicación de la pobreza.

Más de 700 participantes se comprometieron voluntariamente a adelantar esfuerzos para crear y promover alianzas que materializaran los compromisos adquiridos en Río+20. Fue así como un grupo de organizaciones ambientalistas llevaron a cabo una serie de reuniones preparatorias.

En ellas se eligió a un Comité de Negociación, que se estableció en 2014. La presidencia de este quedó en manos de Chile y Costa Rica. Como vicepresidentes quedaron Argentina, México, Perú, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago. A partir de entonces se llevaron a cabo nueve rondas de negociaciones entre los participantes.

Finalmente, el 4 de marzo, se firmó el Acuerdo de Escazú. Entre los firmantes aparecen organizaciones de alto calado como Greenpeace, Oxfam, Human Rights Watch, Federación Internacional de los Derechos Humanos, Global Witness, World Wildlife Fund Colombia, World Resources Institute y Article 19, entre otros.

El contenido del Acuerdo

El Acuerdo de Escazú tiene tres ejes básicos: garantizar el acceso a la información, a la justicia y a la participación pública en asuntos medioambientales. Los tres aspectos fueron definidos como los puntos críticos a trabajar. Tienen que ver con lo siguiente:

  • Acceso a la información. Hace referencia al derecho de los pueblos a estar informados sobre el estado del medio ambiente y sobre la manera como un proyecto puede afectarlo. Dicha información debe ser sistematizada y actualizada.
  • Acceso a la justicia. Tiene que ver con la creación de instrumentos y canales para que las personas puedan realizar reclamaciones legales, cuando se impacta negativamente el medio ambiente, o cuando se les excluye de las decisiones que le afectarán.
  • Participación pública en asuntos medioambientales. Está relacionado con el derecho de las comunidades a ser consultadas cuando se lleven a cabo acciones, o se tomen decisiones, que podrían afectar al medio ambiente.

Un aspecto muy importante del Acuerdo de Escazú es que también contempla la adopción de medidas para la protección de los líderes ambientales en el continente. Se debe recordar que América Latina es la región más peligrosa del planeta para este tipo de activistas. Son muchos los casos de intimidaciones, presiones y agresiones contra los defensores de los derechos ambientales y el Acuerdo pretende ponerle coto a esta situación.

Lo que falta

A partir del 27 de septiembre, los 33 Estados latinoamericanos tendrán la posibilidad de vincularse al Acuerdo. No hay nada que obligue a los gobiernos a hacerlo. Por eso las organizaciones ambientales y de derechos humanos emprendieron una gran cruzada para dar a conocer el Acuerdo de Escazú y conseguir que las comunidades lo respalden. Buscan que la presión de la opinión pública persuada a cada Estado para que suscriba el documento.

Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional, ha dicho que: “Al firmar el Acuerdo de Escazú, los gobiernos pueden transmitir a su ciudadanía y a la comunidad internacional el mensaje inequívoco de que están verdaderamente comprometidos con la supervivencia y el bienestar de generaciones actuales y venideras, que dependen de la protección del medio ambiente”.

Ahora bien, si no se consigue que al menos 11 mandatarios firmen el Acuerdo, este no entrará en vigencia. Pero si se concreta la vinculación de un décimo primer Estado, habrá un margen de 90 días para que el Acuerdo entre en vigor. La vinculación se puede realizar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020. La CEPAL ha habilitado un mecanismo público para que las personas interesadas se sumen a la promoción e implementación del Acuerdo.

(Fotos: Entrependientes, Mongabay Latam, Amnistía Internacional)

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