Opinión

¿De qué se trata el “lawfare” y cómo influye en Latinoamérica?

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Durante estos meses, en gran parte de Latinoamérica se empezó a hablar sobre el “lawfare”. ¿De qué se trata? Con este término anglosajón se hace referencia concretamente a la “guerra jurídica”.

De acuerdo con algunos analistas políticos y también referentes de partidos políticos populares, se trata de un control que se realiza desde los más encumbrados círculos de poder sobre ciertos países latinoamericanos.

Lawfare

El “lawfare” o guerra jurídica, es una palabra inglesa. Se trata de una contracción gramatical de las palabras “law” (ley) y “fare”(guerra). Así lo denominó el Informe del Encuentro de Expertos en Cleveland, sobre el 11 de septiembre y sus consecuencias. Dicho encuentro se llevó a cabo en el año 2010.

En términos generales significaría, la utilización de la ley y de los procedimientos jurídicos como arma de guerra. Una vez determinado cierto sector político como enemigo, la ley y los procedimientos judiciales son empleados por los agentes públicos como una persecución a dichos enemigos.

De acuerdo con especialistas en derecho, la guerra jurídica viola ciertas reglas del proceso penal: la del principio de igualdad ante la ley, al principio de proporcionalidad y al de las detenciones legítimas.

Terrorismo

Según los análisis citados, el principal precedente a esta estrategia jurídica-política se halla en la denominada “guerra contra el terrorismo”, impulsada por el gobierno de EE.UU después del 11-S, en 2001.

En este sentido, el país norteamericano intentó crear una nueva interpretación del derecho aplicable a los conflictos armados. En otras palabras, pretendió hacer desaparecer la diferencia entre derecho penal interno y derecho internacional humanitario.

De esta forma, nacieron nuevas categorías jurídicas que no existían previamente en las leyes internas ni en el derecho internacional. Una de ellas es la de “combatiente enemigo ilegal” o la de “vigilar y ejecutar”como práctica legalmente aceptada.

Judicialización

Otra de las categorías que se extendió como reguero de pólvora por todo el continente, es la judicialización de la política. Para ello, la corrupción ha sido empleada como elemento central de las causas y se ha aplicado principalmente hacia políticos de tinte mayormente populista.

En este sentido, el poder judicial de América Latina que antes permitió la corrupción institucional y fue incapaz de combatirla, se transformó, de buenas a primeras, en un arma de intervención directa en los asuntos públicos internos.

Guerra

En términos bélicos, incluso la guerra está sometida a ciertas reglas. Dentro de ellas, por ejemplo el enemigo tiene un estatus normativo que es necesario respetar. No es lo mismo la guerra en sí, que los crímenes de guerra que se producen cuando se violan las normas como las que estipula el Estatuto de Roma o los Convenios de Ginebra de 1949.

Cuando se habla de “lawfare” siempre se alude a la violación de alguna de las reglas del orden jurídico y del estado de derecho en su conjunto. Referirse a determinada figura política como un “enemigo” al que se debe perseguir, encarcelar y silenciar, tiene efectos nocivos para la democracia de un país y de una región.

Especialistas en derecho latinoamericanos ya advierten sobre la peligrosidad de estas nuevas prácticas jurídicas. Sostienen que ningún país se construye con la destrucción judicial del enemigo político.

Corrupción

De más está decir que los hechos de corrupción deben ser investigados y sus responsables juzgados. Sin embargo, para ello deben cumplirse los procedimientos judiciales establecidos, en base al derecho interno de cada país.

Lo que los especialistas denuncian es la liviandad argumental con la que hoy por hoy se encarcela a personas en los países latinoamericanos, sin un juicio previo y solo por el hecho de ser sospechosas de hechos de corrupción. De esta manera, y con la colaboración de medios de comunicación afines a determinados intereses, se crea la figura de un enemigo que es condenado antes incluso de ser investigado exhaustivamente.

Injerencia

Uno de los casos más resonantes de esta práctica jurídica es la arremetida contra Luiz Inácio Lula da Silva. Desde el pasado 7 de abril, Lula se encuentra detenido en una comisaría de la ciudad de Curitiba. Aunque sus abogados defensores sostienen que no hay suficientes pruebas en su contra, el juez federal Sergio Moro ha logrado que Lula fuera condenado a 12 años y un mes de prisión por corrupción pasiva.

Recientemente el Tribunal Superior Electoral de Brasil ha impugnado su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre. Lula era el candidato favorito en las encuestas.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos de la ONU había avalado su candidatura y sus abogados defensores apelaron a dicho aval para defender su elegibilidad.

Independencia

Durante estos últimos años, podrían señalarse múltiples ejemplos de “lawfare” sin caer en preferencias ideológicas o partidarias, solo analizando la consistencia de las denuncias por corrupción y la aplicación del debido proceso legal.

Argentina, Ecuador, Paraguay y Brasil, son algunos de los países en los que se ha desatado una verdadera “guerra judicial”.  Teniendo en cuenta la base del Estado de Derecho, que es la independencia de poderes, cabría preguntarse si la injerencia en asuntos políticos no supone una anulación de la independencia judicial y su inocultable politización.

Incluso, habría que pensar si este avance de la judicialización de la política en América Latina no terminará atentando contra la verdadera democracia.

(Fotos: Celag,Diario.es,Panamaamerica)

 

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