Opinión

Ayozinatpa, una deuda pendiente de la democracia mexicana

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Recientemente, en México, se cumplieron cuatro años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La también recordada como “desaparición forzada de Iguala”, tuvo lugar en 2014.

Durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27, la policía municipal y estatal  de Iguala, unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de México, persiguió y atacó a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Ayotzinapa

Como parte de un plan para concurrir a la Ciudad de México a la conmemoración de la masacre de Tlateloco, el día 2 de octubre de 2014,  los estudiantes de Ayotzinapa habían reunido algunos autobuses “tomados” alrededor de la escuela.

El 26 de septiembre por la noche, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del pueblo de Ayotzinapa viajaron a la ciudad de Iguala. Allí, fueron emboscados y atacados con armas de fuego por policías municipales.

Normalistas

Del grupo de estudiantes atacado, 6 de ellos fueron asesinados y otros 5, heridos de gravedad. Por otro lado,  43 fueron secuestrados en un autobus que ellos habían “tomado” de la terminal camionera de Iguala.

La “toma” de autobuses  es parte de la autogestión que practica la Federación de Estudiantes Campesinos de México (FECSM) a la cual está afiliada Ayotzinapa. Se trata de la organización estudiantil más antigua del país.

Hipótesis

Según los policías municipales arrestados, entregaron a los más de 40 estudiantes desaparecidos a sicarios del cártel Guerreros Unidos. De acuerdo con dicha hipótesis, estos los habrían prendido fuego y los habían enterrado en varias fosas.

Estos “señores del narco”, en colaboración con las autoridades locales, no estaban dispuestos a tolerar a otro grupo armado en la región. Se trataba del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), una guerrilla  que reclutaría sus cuadros en las Normales.

El ataque, asesinato y desaparición de los normalistas sería un “mensaje” del narco-estado a la guerrilla.

Ataque

Uno de los argumentos que refuerza esta hipótesis sostiene que la “toma de camiones” para usarlos temporalmente y luego devolverlos a las empresas, es una modalidad común entre los normalistas. Por lo tanto, no puede haber sido motivo del violento ataque que sufrieron los estudiantes por parte de las autoridades municipales.

Lo cierto es que a raíz de esta verdadera tragedia humana en México, el presidente municipal se dio a la fuga. Un mes más tarde el gobernador del Estado renunció y el palacio de gobierno quedó envuelto en llamas. Asimismo, la presidencia de Enrique Peña Nieto sumó un nuevo cuestionamiento a su gestión.

En ese sentido, la ONU fue uno de los principales organismos internacionales en  realizar un fuerte pronunciamiento contra el caso. Sin dudas, su tremenda brutalidad puso en evidencia la constante convivencia de la sociedad mexicana con la muerte y la violencia.

Incineración

A medida que fue pasando el tiempo y por el incesante esfuerzo de los familiares de los normalistas desaparecidos para llegar a la verdad, la hipótesis oficial de la incineración de los estudiantes en el basurero de Cocula fue dejada de lado.

Hasta 2015 esta era la versión ofrecida por la Procuraduría General de la República (PGR), su “verdad histórica” del caso. A través de un informe, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  sostenía que nunca fueron incinerados en Cocula.  La Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue la encargada de enviar este grupo a México.

Cabe señalar, por otro lado, que el grupo de expertos lo desmintieron científicamente. Para ello, se basaron en peritajes realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

Versión

Cuando presentó su primer informe del caso, al cumplirse un año de la desaparición de los 43 estudiantes, el Grupo Interdisciplinario brindó otra hipótesis del hecho.

De acuerdo con su investigación, el autobús que “tomaron” los estudiantes estaba cargado con drogas o con dinero. Había sido preparado para partir en una ruta de tráfico que comienza en Iguala y concluye en Chicago. Para ello, emplean autobuses de pasajeros.

Sin saberlo, aquél fatídico 26 de septiembre de 2014, los normalistas lo “tomaron”. Esta versión de los hechos, explicaría la enorme agresión policial sufrida.  Esta fue la respuesta de la fuerza policial que actuó como custodia de la salida de goma de opio hacia los EE.UU.

Acusación

Por otro lado, el GIEI acusó  al ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio como el “encargado” de tergiversar la investigación del caso.

De acuerdo con estas acusaciones, el alto cargo de la PGR “manipuló” la escena en la que fueron hallados los restos de uno de los normalistas desaparecidos. Se trataba de Alexander Mora Venancio, cuyos restos se encontraron el 29 de octubre de 2015.

A esta conclusión arribaron, porque el EAAF certificó que una porción del hueso sacro de Venancio había sido encontrado en dicha diligencia judicial. En la escena, habría intervenido Zerón.

Esperanza

Al cumplirse cuatro años del trágico suceso, este 26 de septiembre, familiares de los estudiantes de Ayotzinapa marcharon por las calles de la ciudad de México. Lo hicieron una vez más, para reclamar por la verdad y la justicia.

Por otro lado, los padres de los 43 desaparecidos exigieron que Zerón sea investigado nuevamente. El motivo, es su responsabilidad en la aparición de restos óseos de uno de los normalistas.

Asimismo, solicitaron que los investigadores independientes vuelvan a participar del esclarecimiento de los hechos. Este fue uno de los temas claves que trataron con el electo presidente Andrés Manuel López Obrador. Celebraron una reunión posteriormente a la marcha del 26 de septiembre.

Conferencia

Por medio de una conferencia conjunta entre AMLO y los padres de los estudiantes de Ayotzinapa, el presidente electo anunció su voluntad de facilitar el regreso de los organismos internacionales a la investigación. En 2016, el gobierno de Peña Nieto decidió retirarlos.

Por su parte Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, sostuvo que resultaría de importancia trascendental que la nueva comisión de investigación tenga alcance jurídico. Es decir, que no se limite solo a ser una “comisión de la verdad” para el esclarecimiento histórico.

(Fotos: YouTube,RevistaAnfibia,RevistaAnfibia,Sputnik)

 

 

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