Opinión

Alerta democrática en Guatemala

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El presidente de Guatemala, el evangélico Jimmy Morales, decidió expulsar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad –CICIG-. Este organismo cumple un mandato de la ONU, que debía terminar en septiembre de 2019. Durante los 11 años que lleva en el país ha logrado desenmascarar y desarticular varios núcleos de corrupción. Sin embargo, sus pesquisas los han conducido hasta el propio Presidente, quien comenzó una férrea persecución contra el organismo, desde que su nombre apareció involucrado en asuntos turbios.

Hay mucha retórica al respecto, pero en hoja blanca son tres los hechos que marcan la actual situación de Guatemala. El primero, que el presidente Jimmy Morales está impedido moral, política y jurídicamente para pronunciarse frente a la CICIG, ya que es investigado por esta. El segundo, que la expulsión de los magistrados y la terminación unilateral de la Comisión es ilegal. Y el tercero, que la decisión de Morales quiebra el orden constitucional de Guatemala, en tanto pasa por encima de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, máximo órgano jurídico del país.

Así las cosas, lo que se configura es un grave quiebre institucional en el país centroamericano. Las consecuencias son impredecibles, en tanto la CICIG cuenta con el respaldo mayoritario de la población. La comunidad internacional no se pronuncia todavía porque, al parecer, solo tienen ojos para ver lo que sucede en Venezuela.

Morales: ¿juez y parte?

Si hay alguien interesado en que no prospere la actividad de la CICIG, ese es Jimmy Morales. Antes de ser gobernante se mostró cercano a la Comisión. Al fin y al cabo, las investigaciones que la misma adelantó le servían para sacar de escena a Otto Pérez Molina, el anterior mandatario. Este terminó en la cárcel y Morales tomando las banderas de la moralidad, sustentado en su condición de pastor evangélico.

Sin embargo, la CICIG, que se ha mostrado insobornable, encontró que hay serios indicios sobre financiamiento ilegal en la campaña de Jimmy Morales. Así mismo, investiga a su hijo y a su hermano por corrupción. Estos avances investigativos trajeron como consecuencia una feroz respuesta de Morales.

El actual presidente de Guatemala se propuso entonces sacar a la CICIG de su país. Ha empleado para ello argumentos peregrinos y un nacionalismo barato. Incluso difundió los testimonios de las familias de funcionarios que están presos por corrupción. Estas hablaron de graves daños recibidos por parte de la Comisión. ¿Acaso querían seguir delinquiendo sin que les ocurriera nada?

Una decisión ilegal

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló que el acuerdo internacional que creó la CICIG establece que su mandato va hasta el 3 de septiembre de 2019 y que ese mandato debe respetarse. Si el gobierno de Guatemala lo impide, estaría incumpliendo un compromiso de carácter multilateral, con efectos jurídicos.

De otro lado, la Corte de Constitucionalidad, ha reafirmado la legalidad de las actividades de la CICIG. Jimmy Morales se empeña en acusar a la Comisión de abuso de autoridad y violación de derechos de los nacionales, pero el máximo órgano judicial lo ha desmentido. Aún así, Morales hace oídos sordos. Con ello el Presidente se pone al margen de la ley y rompe con el Estado de Derecho.

En particular, Morales quiere fuera a Iván Velásquez, el magistrado colombiano que lo ha puesto contra las cuerdas. Llegó al punto de anunciar que multaría a cualquier aerolínea que transportara a ese magistrado hasta el país. El analista independiente Karin Slowing calificó los hechos como un “golpe de estado técnico”.

Un panorama oscuro

Nadie se atreve a conjeturar lo que puede pasar de aquí en adelante. La última vez que un presidente se puso en contra del poder judicial tuvo lugar en los años noventa. En aquella oportunidad el Ejército levantó las armas contra el jefe del ejecutivo, en nombre del poder judicial. Sin embargo, en la actualidad Jimmy Morales cuenta con el respaldo de un importante sector de los militares, por lo que es improbable que actúen en su contra.

De otro lado, ahí está el descontento popular expresado en las calles. En el año 2015 adquirió una enorme fuerza y se convirtió en un factor decisivo para la caída de Otto Pérez Molina. Hoy, sin embargo, las cosas son diferentes. Morales tiene el respaldo de los empresarios y de la clase política tradicional. También de algunos sectores populares de derecha. No existe el mismo consenso que había en 2015, aunque no es descartable que tome forma con el paso de los días.

El panorama es desalentador. Cuando un mandatario decide quebrar el orden constitucional, cualquier cosa puede pasar. A ello se suma que en junio se llevarán a cabo las elecciones generales en Guatemala. ¿Será también ese el motivo por el cual para Morales no aguanta a la Comisión, por los escasos nueve meses que le quedan de mandato a esta? Probablemente sí. De la expulsión de la CICIG depende la continuidad del gobierno de Morales y de sus probables herederos en el poder.

(Fotos: Nómada, Sercano TV, Nómada)

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