Opinión

El grave riesgo de fraude en las elecciones de Colombia

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El precandidato presidencial Gustavo Petro y el movimiento “Colombia Humana” denunciaron que hay un grave riesgo de fraude en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 11 de marzo en Colombia. Durante esa jornada los colombianos elegirán los miembros del Parlamento. Además podrán participar en la consulta popular para definir los candidatos a la presidencia por el partido Centro Democrático y la “Coalición por la paz”.

Es precisamente frente a esta consulta que se han disparado las alarmas. El precandidato Gustavo Petro, de la “Coalición por la paz”, denunció a través de sus redes sociales que la Registraduría Nacional del Estado Civil había tomado una medida que atenta contra la transparencia en los comicios.

Petro y un representante de su campaña, Álvaro Moisés Ninco, denunciaron que los Formularios E-14, que corresponden a las actas de escrutinio de los jurados de votación, no serán digitalizados. Los resultados serán transmitidos solamente vía telefónica, lo cual abre un gran boquete frente a la fiabilidad de los resultados. Veamos esto en detalle.

El formulario E-14

Como se indicó, el formulario E-14 corresponde al acta de escrutinio del jurado de votación. Una vez termina la jornada electoral, los jurados de cada mesa cuentan los votos. Los resultados de ese conteo son consignados en el formulario E-14. A partir de 2011, y para garantizar máxima transparencia, estos documentos se escanean.

Enseguida, la imagen escaneada se sube a la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil. De este modo, todos los ciudadanos pueden visualizar, casi en tiempo real, cuáles fueron los resultados de la votación. En los días siguientes, cuando tienen lugar los escrutinios, es relativamente fácil contrastar los resultados finales con lo que aparece en las imágenes previamente escaneadas.

Con la orden de la Registraduría de no digitalizar estos documentos, lo que se hará es transmitir los resultados vía telefónica. De este modo, ni los ciudadanos, ni los candidatos, contarán con un soporte para verificar que efectivamente cada funcionario transmita de manera exacta el resultado de la votación. Tampoco que quien reciba esa información consigne exactamente el número de votos. Un auténtico boquete a la transparencia.

El alegato de la Registraduría

El Registrador Nacional de Colombia, Juan Carlos Galindo, salió al paso a las críticas por la medida. Indicó que “la ley no permite la digitalización de esos documentos en las consultas interpartidistas”. Según su interpretación, solo se deben digitalizar las actas de escrutinio correspondientes a las elecciones parlamentarias, pero no las correspondientes a las consultas para elegir candidatos presidenciales.

Galindo le indicó a una radio local que: “Nosotros tenemos que brindarles tarjetas electorales, instalar los puestos de votación y adelantar los escrutinios. Como la ley no dispone que debamos digitalizar los E14, no lo podemos hacer”.

A su juicio, entonces, el papel de la Registraduría frente a las consultas para elegir candidatos presidenciales se limita a una tarea logística. No explicó por qué se establece esta tajante diferenciación. Tampoco señaló por qué frente a las consultas interpartidistas esa entidad no está obligada a ofrecer garantías de transparencia. ¿Quién entonces certifica la validez de los resultados, fruto de la consulta?

La Opinión Digital envío una solicitud a esa entidad para obtener un por qué, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

Las normas sobre las consultas populares

A diferencia del registrador, el precandidato Gustavo Petro y varios abogados han señalado que la medida de la Registraduría es ilegal. Lo consignado en la ley parece darles la razón. La Resolución 175 de 31 de enero de 2017, en su Artículo 6 indica: “NORMAS APLICABLES A LAS CONSULTAS. En las consultas populares se aplicarán las normas que rigen para las elecciones ordinarias en las internas las disposiciones estatutarias propias de los partidos y movimientos que las convoquen”.

El precandidato Petro también indicó que la medida viola el Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, sobre la participación política, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Anunció que se interpondría una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El precandidato Carlos Caicedo, que también participará en la consulta, envió un memorial en el que exige la digitalización de los resultados de la consulta. Ratificó que “para estos procesos aplican las normas que rigen para las elecciones ordinarias” e invoca la misma Resolución 175 de 2017.

El riesgo de fraude es real

No resulta razonable que la entidad encargada de celebrar las elecciones y garantizar la eficacia y transparencia de la jornada electoral eluda su responsabilidad frente a las consultas populares para elegir candidatos la presidencia. Estas consultas populares no son un acto informal y de ellas se desprenden hechos políticos concretos, de gran importancia para todos los ciudadanos.

La Registraduría Nacional pretende abordar estas consultas populares como si fuesen un evento informal. Como si de ellas no dependiera el futuro político inmediato de los colombianos.

Esto se torna mucho más grave aún si se toma en cuenta que recientemente el Movimiento MIRA ganó una demanda por fraude ante el Consejo de Estado de Colombia. En el fallo, los magistrados señalan que se detectaron inconsistencias en los formularios E-14, pese a que estos estaban digitalizados. ¿Qué pasará entonces si no se digitalizan, como lo pretende ahora la Registraduría?

La Registraduría se contradice a sí misma

La medida enrarece el ambiente político de Colombia, sobre todo porque es precisamente Gustavo Petro quien encabeza todas las encuestas de favoritismo a la Presidencia. El precandidato viene denunciando que hay una guerra subrepticia en su contra, con el objetivo evitar su triunfo en las elecciones. A juzgar por el volumen de propaganda sucia en su contra y por medidas como esta, parecería tener la razón.

Así mismo, el precandidato ha llamado la atención sobre un importante hecho político. A su juicio, si obtiene una alta votación a favor en la consulta del 11 de marzo, su triunfo en la primera vuelta de las presidenciales sería casi un hecho. Los medios locales también se han referido al tema indicando que dicha consulta es prácticamente una primera vuelta presidencial.

A esto se suma una denuncia del abogado Augusto Ocampo. A través de su cuenta de Twitter el jurista indicó que la Registraduría se contradice a sí misma en lo referente a Gustavo Petro. Publicó apartes de una carta enviada por esa entidad al Ministerio de Hacienda, en 2014.

 

 

La misiva pretendía obtener recursos para digitalizar los resultados de la consulta popular con miras a la revocatoria del entonces alcalde, Gustavo Petro. ¿Por qué en esa consulta sí debían digitalizarse los resultados? ¿Tenía que ver con el hecho de que un grupo de ciudadanos pretendían despojar del poder a Petro? Y ahora ¿no es necesaria la digitalización, cuando el mismo Petro encabeza las encuestas de favoritismo a la presidencia? ¿Por qué la Registraduría aplica a capricho estas medidas?

(Fotos: Panorama, Twitter/Álvaro Moisés Ninco, Revista Semana, Twitter/Augusto Ocampo)

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