Opinión

El ejemplo de Guatemala en la lucha contra la corrupción

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Guatemala se ha revelado como uno de los países latinoamericanos con mayor grado de corrupción. Al mismo tiempo, y gracias al trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, también se está convirtiendo en un modelo en la lucha contra ese flagelo.

Los hechos hablan por sí solos. Desde el retorno a la democracia, en 1986, Guatemala ha tenido 10 presidentes. Entre estos, solo cuatro no han recibido señalamientos directos por corrupción, aunque todos se mantienen bajo sospecha.

A la fecha, hay dos ex presidentes en la cárcel: Otto Pérez y Álvaro Colom. Este último fue capturado la semana pasada. También hay un ex presidente prófugo, Jorge Serrano Elías, que vio frustrado un autogolpe de estado, al estilo Fujimori, y tuvo que irse del país. De otro lado está Alfonso Portillo, quien protagonizó un sonado escándalo porque su nombre apareció involucrado con cuentas secretas en Panamá, a donde presumiblemente llevó buena parte de los recursos del tesoro de Guatemala durante su gobierno. Finalmente fue capturado bajo el cargo de lavado de activos y luego extraditado a los Estados Unidos.

Por si lo anterior fuera poco, al ex presidente Álvaro Arzú y al actual presidente, Jimmy Morales, se les investiga por haber recibido, presuntamente, dineros no declarados para sus respectivas campañas electorales. Todo esto sin contar los innumerables casos de corrupción en niveles inferiores del Estado.

La CICIG y su impresionante tarea

Hay que decir que la conformación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se produjo por pedido del gobierno de Guatemala, en 2006. Las autoridades de entonces solicitaron apoyo a la ONU para crear un organismo que les ayudara a combatir la impunidad ese país. Se requería la ayuda foránea porque era claro que muchas mafias estaban estrechamente relacionadas con funcionarios del Estado.

La CICIG comenzó a funcionar en 2007. Se le ha dado facultad para ejercer persecuciones penales. Debe trabajar en conjunto con el Ministerio Público y tiene competencia para investigar y asesorar, pero no para procesar.

En un comienzo la CICIG investigó principalmente casos de ejecuciones extrajudiciales y esporádicamente de malversación de fondos. A partir de 2013, con la llegada del magistrado Iván Velásquez a la Comisión, las investigaciones comenzaron a centrarse en casos de corrupción. Detrás de muchos problemas de Guatemala lo que había era lo que el magistrado Velásquez ha llamado “una captura total del Estado.

El caso más célebre de los adelantados por la CICIG fue el del ex presidente Otto Pérez. En pleno ejercicio de su cargo, el Ministerio Público, con base en el trabajo conjunto con la Comisión, libró orden de captura contra la vicepresidenta Roxana Badetti, y solicitó un antejuicio contra el Presidente de la República. Este se vio obligado a renunciar, después de que el Congreso le retiró el fuero. Actualmente está preso y enfrenta un juicio por corrupción.

Las lecciones de Guatemala

Iván Velásquez, cabeza de la CICIG, y Thelma Aldana, Fiscal General, son conocidos en Guatemala como “el dúo maravilla”. Los dos están detrás de todos los grandes golpes a la corrupción en Guatemala, durante los últimos 5 años. Juntos han sentado precedentes históricos, no solo para el país centroamericano, sino para todo el continente.

Ni Velásquez, ni Aldana la han tenido fácil. El primero fue declarado persona “non grata” por el propio presidente y Aldana ha sido sistemáticamente amenazada de muerte por su labor. Las actividades que han realizado han puesto a temblar los cimientos mismos del poder en Guatemala. Son muchas las redes de corrupción con poder que se sienten amenazadas por su trabajo. Los dos son incorruptibles y lo suficientemente obstinados como para no ceder ante presiones.

Pese a que el trabajo realizado por “el dúo maravilla” se percibe como desestabilizador internamente en Guatemala, su labor goza de un extraordinario prestigio tanto frente al pueblo guatemalteco, como en el plano internacional. Algunos países como Nicaragua, El Salvador y Venezuela han formulado fuertes críticas a la CICIG, pero son esos mismos países los que también tienen elevados índices de corrupción. Sus reparos se fundan, principalmente, en el respaldo que los Estados Unidos le han dado a la labor de ese organismo, al que califican como “injerencista”.

Es oportuno pensar en que organismos supranacionales como la CICIG podrían ser una respuesta eficaz a la corrupción en América Latina. Su labor ha sido plenamente apoyada por los dos grandes partidos de Estados Unidos y la mayoría de las ONG en el mundo. El financiamiento proviene de diferentes gobiernos que están comprometidos con la transparencia. Además, y sobre todo, los buenos resultados saltan a la vista. Mecanismos como este serían de gran valor en un continente en el que los corruptos se han instalado en el corazón mismo del Estado.

(Fotos: Impacto, República GT, Prensa Libre)

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